Las pensiones públicas garantía para una vida digna.(Bat Etorri/Consenso)

A NUESTRAS COMPAÑERAS Y  COMPAÑEROS PENSIONISTAS


 Este documento que tienes en tus manos informa sobre las demandas básicas que las personas pensionistas reclamamos y los argumentos que demuestran que tales demandas están muy justificadas y son realizables.  Este trabajo es doble. Uno, el aportar nuevas ideas a las personas en general y ayudar a que el movimiento de pensionistas esté más unido y sea más fuerte. Y dos, transmitir a los partidos políticos y sindicatos nuestras exigencias mínimas, que afectan igualmente a nuestra sociedad, de los que esperamos una respuesta positiva. A lo largo del escrito, se muestra también la necesidad de apostar por hacer sostenible el sistema público de pensiones, que es garantía de una vida digna. Este trabajo ha sido elaborado gracias a las aportaciones y a la colaboración de los abajo firmantes, representantes de asociaciones y miembros de plataformas de los pueblos referenciados, que lo hacen a título personal.

 LAS PENSIONES PÚBLICAS QUE DEMANDAMOS.
 Pocos hechos, en la última década, han tenido tanta relevancia como los dos últimos años de movilizaciones de personas pensionistas y feministas en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, por el reparto de los cuidados y contra la brecha de género en salarios y pensiones. Hemos salido a la luz para decir basta a quienes mandan cuando han querido recortar nuestros derechos, en especial de los colectivos más vulnerables.
 Tenemos que enorgullecernos de la labor de tantísimas personas pensionistas, de asociaciones, plataformas y demás agrupaciones, que hemos dejado las tareas domésticas para concentrarnos semanalmente en nuestras plazas y calles, unidas bajo la bandera de la solidaridad.
 Ahora, tras muchos meses de lucha, queremos avanzar más y convertir esa unidad en fuerza, para que nuestra protesta salga victoriosa. Una batalla que es posible ganarla, si se actúa con persistencia y claridad, más allá de nuestras limitaciones, con la mirada puesta en un nuevo horizonte, en el que nuestro movimiento de pensionistas irradie apoyos y esperanza colectiva.
 La unidad de todos los colectivos y movimientos de pensionistas es fundamental, y se logra a través de la pluralidad y la transversalidad, mediante el consenso. Nuestra lucha ha de basarse en la defensa del sistema público de pensiones, sobre la que pivotan todas las demás reivindicaciones básicas. Este argumentario explica las razones por las que defendemos nuestras reivindicaciones básicas, que son las siguientes:

  Defensa del futuro del sistema público de pensiones, como un sistema de reparto solidario. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, por ley, en base al IPC. Pensiones mínimas (para mujeres y hombres) de 1080 €, que aseguren una vida digna. Derogación definitiva del factor de sostenibilidad. Medidas para poner fin a la brecha de género en las pensiones.

ARGUMENTARIO.
 
 1.- El mal llamado problema del sistema público de pensiones es que no gusta a los poderes financieros.
 La Seguridad Social, que se basa en el principio de contributividad, equidad y solidaridad, funciona bien, pero no es del agrado de la banca ni de los fondos privados, porque repartir la riqueza no es deseable para quien quiere acumularla (1). Por esta razón, se afirma que la Seguridad Social no es sostenible y que está en crisis, aunque no sea cierto. Si fuera una afirmación sincera, destinarían más ingresos para mejorar la Seguridad Social. 
 La Seguridad Social tiene que afrontar retos de futuro, porque se van a tener que pagar más pensiones, más caras y durante más tiempo. Pero tiene solución si hay voluntad política. Es decir, si los sueldos suben; si la política fiscal, en lugar de hacer regalos fiscales en el Impuesto de Sociedades, establece impuestos solidarios con las pensiones, y si las cotizaciones se dedican en exclusiva a financiar las pensiones. En definitiva, si se aprueba una Ley de pensiones públicas que las reconozca y unos fondos que las sostengan. 

2.- Los recortes no son para sostener las pensiones públicas, sino para debilitarlas.
Que la Seguridad Social siga en déficit o que la hucha haya desaparecido se debe a que así lo han querido los gobiernos, no a la falta de dinero para sostener las pensiones públicas. El motivo es evidente. Mantener el déficit en la Seguridad Social, practicar recortes, es el modo de persuadir a la población de que el sistema no funciona (2). Se intenta convencer a la gente para que suscriba, si puede, una pensión privada, o una EPSV, por miedo o desconfianza. 
Los gobiernos mantienen la ley del IRP (índice de revalorización de pensiones), para que las pensiones no suban más del 0,25 % el año que viene, salvo que los pensionistas lo impidan. La Comisión Europea ha utilizado recientemente proyecciones económicas desfasadas para situar el gasto de las pensiones de la Seguridad Social en un porcentaje inflado del 18 % del PIB en 2050, mientras la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de modo realista, lo sitúa en un 13,4 %. 
 Estos anuncios pretenden crear un ambiente de inseguridad entre las personas pensionistas, para que los negocios privados se abran paso, con la lógica de “todo para ellos, nada para los demás”, que resume todos sus principios.

3.- Nuestras peticiones se basan en la solidaridad y son sostenibles.
Nacen del sentido común y son realistas. Son sensatas, ante unas pensiones que son muy bajas. En Euskadi 140.000 pensiones, la cuarta parte, están por debajo de los 650 euros, y casi la mitad ingresan menos de 824 euros. En el Estado español, hay 9 millones y medio de pensiones y 3 millones y medio están por debajo de los 650 euros. El 70 % no llega a los 1080 euros.   Pero además, el sistema público es el más sostenible, puesto que se basa en el principio de solidaridad intergeneracional, que no requiere de un ahorro acumulado en el tiempo, no está sujeto a los vaivenes especulativos del mercado, no tiene sobrecostes como las pensiones privadas, y está garantizado por el Estado. 
 No es correcto decir que las pensiones públicas no son sostenibles y las pensiones privadas sí. Tras esta afirmación está la avaricia de quien quiere hacerse con una parte importante de los 150.000 millones de euros, que es el presupuesto de la Seguridad Social, para incorporarla a su negocio privado (3).

 4.- El Sistema de la Seguridad Social es parte del estado de bienestar, y se sostiene si se reparte la riqueza.
 Es el Estado quien ha de garantizar el sistema de pensiones públicas mediante leyes y aportaciones del presupuesto general. Las instituciones vascas son también responsables de que haya justicia en el reparto de la riqueza. Desde el presupuesto también se debe ayudar con complementos de pensiones para mejorar la situación de las personas pensionistas. 
 Por lo tanto, hay que eliminar el techo del gasto e incrementar sus ingresos, vía tributos. Los cambios en las políticas generales del gobierno, en políticas de empleo, salarios más altos, o en materia de igualdad de género y contra la brecha salarial sólo serán posibles con las movilizaciones que realicen los sectores afectados. Lo nuestro son las pensiones, su sostenibilidad y el mantenimiento de su poder adquisitivo que puede garantizarse gracias a la mejora productiva y al reparto de la riqueza (4). 

 5.- Nos jugamos las pensiones públicas y su suficiencia.
Nuestro objetivo prioritario es lograr que la mayoría parlamentaria del Congreso apruebe una ley, o varias, que rescate el sistema público de pensiones. Hay que derogar la reforma unilateral del 2013, que introdujo el IRP y el factor de sostenibilidad, que cambió el modelo de jubilación sin consenso y que reducirá la tasa de sustitución de un 78 % actual a un 48 % en el 2040; además de recuperar la edad de jubilación a los 65 años, lo que permite dar más oportunidades a nuestra juventud.
 Este objetivo por unas pensiones públicas es inmediato, más humilde y más urgente que cualquier otro planteamiento que implique reformas en la Constitución, para blindajes, o en los estatutos de autonomía. La razón es evidente: hay una ofensiva brutal para poner fin al sistema público de pensiones, en base a la falsa teoría de su insostenibilidad. Una ofensiva que amenaza a las personas pensionistas de hoy, pero también a toda la sociedad, que ve peligrar sus pensiones futuras, y las culpabiliza de ser los causantes de la posible bancarrota de las pensiones, que afectará a las personas jóvenes trabajadoras.   En definitiva, nos jugamos mucho. Nos jugamos, más allá de una subida de las pensiones, el propio sistema público de pensiones. De ahí la gravedad del momento, porque las medidas que se pretenden llevar a efecto acrecentarán la inseguridad y la pobreza.
 
 6.- Las ayudas no impiden la privatización del sistema público de pensiones.
Son, por lo tanto, las pensiones públicas lo que debemos de defender con carácter prioritario, ya que están en serio peligro. Y su pérdida no será de golpe, de un día para otro. No. Se harán recortes paulatinos, debilitando las pensiones y sus garantías.
 Ya se están promocionando, a su vez, las pensiones privadas. Más aún, se demandan ventajas fiscales para ellas, que no están justificadas, ya que son dinero público en favor de negocios privados. En esto no podemos estar de acuerdo los pensionistas, sin menoscabo del derecho de la ciudadanía a poder acceder al tipo de pensiones que considere. Estas prácticas socaban la capacidad de desarrollo de las pensiones públicas, y van contra natura, cuando los gobiernos han de velar por el derecho público y los intereses de lo social.
 Los cargos públicos del País Vasco han de defender las pensiones públicas como elemento vertebrador de la cohesión social, y proponer leyes desde el Parlamento Vasco que sean tramitadas por la mesa del Congreso para que sean sometidas a votación en sesión parlamentaria, leyes que defiendan las demandas de las personas pensionistas. (5)
 También los gobiernos de Gasteiz e Iruña pueden aprobar ayudas para pensionistas que no lleguen al umbral de los 1080 euros, en aplicación de competencias propias. Es cierto que dichas ayudas no son pensión pública, no están garantizadas por el Estado, pero las demandamos porque son necesarias para mitigar la precariedad. 
 En todo caso, somos conscientes que estos complementos no eliminan el riesgo a la pérdida de las pensiones públicas de competencia estatal. Por eso, este peligro es el más preocupante, y evitarlo es el objetivo prioritario por el que nos movilizamos. (6) 

 7.- Nuestras demandas son de nuestro colectivo, pensionistas de hoy y del futuro.
Estas son nuestras reivindicaciones básicas: reclamamos la viabilidad del actual sistema público de pensiones, de reparto y solidario, sostenido por las cotizaciones sociales y por los Presupuestos del Estado; pensiones dignas y actualizadas conforme al IPC; una pensión mínima de 1080 euros; la eliminación paulatina de la brecha de género; recuperar los derechos que se han recortado y perdido; derogación sin más dilación del factor de sostenibilidad y del IRP (índice de revalorización de pensiones), para evitar la vuelta al 0,25 %. 
 Como puede apreciarse, son demandas de sentido común. El propio Ministerio de Economía reconoce que el gasto de pensiones no pasará del 13,9 % de nuestro PIB, en los años más difíciles, del baby boom, un nivel de gasto muy viable (7). Francia, Austria, Italia, Portugal o Finlandia ya están a ese nivel o lo superan. Por último, es muy ilustrativo saber que, a pesar de las crisis de la década del 2008, la riqueza del Estado español (medida por su PIB) se ha duplicado desde el nacimiento del euro. Nuestra demanda de pensiones públicas pretende ser un escudo que nos proteja de la precariedad (8).

 8.- Hay dinero suficiente y hay muchas vías para financiar las pensiones públicas.
 Un mejor reparto de la riqueza permitiría pensiones públicas dignas (9), pondría fin a la incertidumbre y ayudaría a mejorar la economía. Pero los ricos prefieren que nos obsesionemos con el problema del déficit y nos olvidemos de lo demás asuntos; tales como la elusión y el fraude fiscal, la economía sumergida o la desfiscalización de los beneficios empresariales, por poner algunos ejemplos.
 Hay muchas razones para pagar las pensiones mediante los Presupuestos (10). Un 20 % más en el presupuesto de pensiones, una propuesta perfectamente sostenible, pondría fin a los déficits de la Seguridad Social y el sistema sería viable. Hay muchas fuentes de ingresos, y es la sociedad quien puede decidir su justo reparto.
 Como pensionistas sugerimos algunas. Reflotar la economía sumergida, supondría un 25 % del PIB, con mejora de los ingresos fiscales y las cotizaciones. De la evasión y el fraude fiscal podrían obtenerse 90.000 millones. De la gestión de los tipos de cotización (ajustes, destope y eliminación de tarifas planas) otros 18.000 millones. La reforma fiscal daría 84.000 millones más (diferencia de 7 puntos en presión fiscal respecto a la Eurozona). La corrupción es un pozo sin fondo, y perseguirla es una obligación, tanto para ganar la confianza perdida como para obtener un grado de ingresos prácticamente incalculable. 
 Podría también impulsarse otras políticas, de empleo y crecimiento con sus efectos multiplicadores, pero sinceramente no haría falta tanto dinero. 

 9.- No está en crisis la sostenibilidad de las pensiones sino la política de los gobiernos.
En efecto, sabemos que las pensiones y su suficiencia se garantizan con un mejor reparto de la riqueza. Pues bien, los gobiernos han debilitado todos los instrumentos más efectivos de distribución de la riqueza, con medidas como la reforma laboral, el recorte de las pensiones y la pérdida del poder adquisitivo, así como la reforma de la negociación colectiva que ha cosechado salarios más bajos. Un abandono de la lucha contra la corrupción, la elusión fiscal o de la necesaria valentía para abordar la tan necesitada reforma fiscal progresiva. De este modo, no hay solución adecuada a las pensiones públicas. 
 Desde la moción de censura que puso fin a la era Rajoy, se han elaborado o mantenido presupuestos, se ha decretado la Ley de 28 de diciembre de 2018, pero más allá de las indudables mejoras, no se ha derogado el factor de sostenibilidad, se mantiene el IRP, que dio paso al ya citado incremento del 0,25, y han faltado medidas para reforzar la estructura de los ingresos. Conviene aclarar que aún no existe un nuevo modelo de financiación que solvente el déficit de la Seguridad Social, ante el reto del incremento del número de pensionistas, que superarán los 15 millones en el 2050. 
 Por último, no podemos dejar de mencionar la propia crisis en Europa, y sus políticas de privatización, que afecta directamente a las pensiones públicas. Una buena razón para demandar un debate público sobre el rumbo que lleva Bruselas y el fracaso de sus políticas (11). 
 Son las políticas de los gobiernos y la falta de decisión para financiar las pensiones lo que fracasa. No las pensiones públicas. Este es el problema.
 La sostenibilidad de las pensiones públicas solo  se garantiza desde el movimiento de los pensionistas
 En efecto. Las demandas de los pensionistas son realistas, sostenibles, mejoran la calidad de vida de la población y son buenas para nuestra economía. Por lo tanto, parece que lo lógico sería aceptarlas. Los hechos, en cambio, nos hacen sospechar que hay muchas reticencias a entenderlo. 
 Sin voluntad, nuestras peticiones seguirán estancadas. Quizás sea por ceguera política, aunque lo más seguro es que se cumpla esa norma tan repetida de que la política está para satisfacer los deseos de quienes mandan. Casi siempre, salvo cuando hay una población unida que no desea vivir aletargada y unas ideas que convencen porque exponen la verdad desnuda. 
 El movimiento de pensionistas no ha logrado aún la fortaleza suficiente para ganar esta batalla. Aún presenta signos de debilidad, y pensar sobre ella es lo que toca. Corregir errores y superar limitaciones será una práctica sana, porque sólo en sus manos está la garantía de que las pensiones públicas pervivan. En cambio su fortaleza está a la vista, y se nutre de la defensa de la verdad y de lo que es bueno para toda la sociedad. 

1.- El movimiento de pensionistas se fortalece reconociendo la diversidad.
 Somos un movimiento diverso, formado por asociaciones, plataformas y demás colectivos, además de miles de personas de distinto género, con sensibilidades distintas, incluso condiciones materiales diferentes. Este es un movimiento plural y transversal, y por ello puede ser muy amplio, aunque también complejo.
 Por eso tenemos que ser solidarios y entendernos, para defender un proyecto común a todas las personas pensionistas, mujeres y hombres. Para tener un proyecto inclusivo, hay que tender puentes, más allá de nuestras deseos personales o de grupo, y lo necesitamos más que el respirar.
 Ningún grupo, por sí mismo, tendrá fuerza en este conflicto, pero será un torbellino unido a otros. Un proyecto común no es un documento intelectual, repleto de conocimientos. Es mucho más. Es otra mirada, nacida de la igualdad y de la humildad de quienes tenemos que observar, escuchar, aprender de las otras y los otros. Son las actitudes de solidaridad, lealtad, empatía, entrega, aceptación las que crean solidaridad, y eso es un proyecto.

2.- Solo con solidaridad se puede hacer un proyecto común que aúna el movimiento.
Es la búsqueda de valores comunes la que permite construir un proyecto colectivo. No solo la búsqueda, sino sobre todo la práctica. Comencemos con el proyecto, sin papel ni lápiz, con nuestros actos. Respetémonos. A las personas que trabajan en sus demandas y a otros sectores, sin pisar su personalidad y sus planes. A las asociaciones, plataformas y colectivos diversos, fomentando el consenso. Estos son valores solidarios. 
 Apoyemos a las personas trabajadoras de la industria, de cuidados, servicios y administración; a las mujeres y sus derechos, a jóvenes, personas crónicas, dependientes, médicos y enfermeras, en sus legítimas aspiraciones. Colaboremos con pensionistas de todo el Estado en igualdad. Compartamos iniciativas con otras organizaciones para defender legítimos derechos. 
 Estas actitudes son el proyecto que permitirá entendernos. Es la solidaridad lo que debemos de sembrar en la sociedad vasca. Estaremos en los foros y mesas de debate a los que se nos invite, al igual que en los medios de comunicación, porque somos parte de la verdad que hemos de construir. 
 Hemos de difundir, lógicamente, nuestras demandas, y actuar en los organismos que corresponda, porque queremos ser parte de la solución del futuro de las pensiones públicas.

 
3.- Podemos ganar, porque tenemos razón, y lo necesitamos.
 Nuestra lucha no es teórica. Quienes mandan quieren que nos perdamos en especulaciones librescas sobre el futuro de las pensiones, y no ponen un euro para que la Seguridad Social cubra sus números rojos. Si se crea un estado de pánico respecto a las deudas de la Seguridad Social y la deuda pública, los ricos nos habrán domesticado. En cambio, sus propias sobreactuaciones muestran las dificultades en las que se encuentran para aplicar el principio de “todo para ellos, nada para las demás”. 
 La inestabilidad del país es permanente. Cuando la clase económicamente fuerte se lleva demasiado, el motor de la economía comienza a griparse. Los gobiernos no cuadran sus números. Los partidos andan sordos, mientras el dinero se acumula en las cajas sin ningún cumplido.   Las demandas de las personas pensionistas son posibles porque nos acompaña la lógica de la razón. Esta vez sí, tendrán que escucharnos. Vamos a rescatar a la gente y también a las futuras generaciones.



ANEXOS AL ARGUMENTARIO

 
ANEXO 1. En 2017, tres personas del Estado español poseían la misma riqueza que el 30 % de la población, que son 14 millones de personas. En Euskadi, conforme los últimos datos del 2007, que obran en las estadísticas oficiales, el 1 % más rico tenía igual riqueza que el 43 % de la población. Es decir, 21.800 personas tenían tanto como 933.000 personas.


 ANEXO 2. El gobierno ha de tirar de crédito para pagar los 19.200 millones para pensiones en junio del 2019, y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social mantiene un pequeño remanente de 5.000 millones de euros. El año 2011, la caja alcanzó su punto más elevado con 65.800 millones de euros, resultado de los superávits de la Seguridad Social entre 2008 y 2011, cuando la riqueza anual del Estado (medida en su PIB) rondaba el 1.000.000 millones. Ahora que la riqueza anual se ha elevado a los 1.200.000 millones, la Seguridad Social anda en déficits. La riqueza no va a la caja de las pensiones, sino que se concentra más y más en manos de unos pocos.


 ANEXO 3. Nada ha sido repetido tantas veces como la idea de que las pensiones quebrarán si no hay recortes. Se dice que el año 2050, el correspondiente al baby boom, será insostenible. En esa década, los gastos de la Seguridad Social pasarán del 10 % al 15,1 % del PIB, o al 17 %, dependiendo del economista que informe. En los recientes estudios del 2019 del Ministerio de Economía se prevé, en el peor de los casos, que el gasto se eleve al 13,9 % del PIB en la década 2040-2050, para reducirse al 10,5 % en los años siguientes, previsión enviada a Bruselas junto a los planes de estabilidad. Esta previsión no es nada preocupante. Francia, Italia, Portugal, Austria y Finlandia ya rondan esa cifra, sin que Bruselas proteste. Las pensiones públicas están en riesgo, pero por los recortes.


 ANEXO 4. Dicen que el aumento de pensionistas en relación con el número de población ocupada hará inviables las pensiones. No cuentan con el factor productividad en estos análisis, que es lo realmente determinante. Una persona en el campo hoy produce cinco mil veces más que hace cien años. En la CAPV, con el mismo número de habitantes en el 2017 respecto a 1996 aproximadamente (sólo un 3 % más) producimos el más del doble de riqueza que hace 21 años (72.0000 millones de euros). Algo parecido sucede en el Estado español en estos 21 años: la riqueza se ha más que duplicado y nos dicen que por este camino la Seguridad Social se va a la quiebra.


 ANEXO 5. Dicen que querer es poder. Estamos ante la voluntad de los políticos. De 1981 al 2012, una ley de gobierno en Euskadi concedía pensiones vitalicias al lehendakari, consejeros y viceconsejeras, que rondaban los 55.000 euros (el 50 % de un cargo análogo en activo), y en caso de defunción, se transfería a l@s viud@s. Hoy parlamentarios y parlamentarias estatales y de las comunidades cobran la máxima pensión, con 14 pagas si cumplen la legislatura. En los años 1990, la reforma interna en el Ejército dio la posibilidad de pasar a la reserva activa, aun sin haber cumplido 15 años de servicio, con el 95 % del sueldo, y con derecho a poder optar por otros empleos, cobrando.

 
 ANEXO 6. La renta media del trabajo anual en el 2015 fue de 11.950 euros, 15.151 los hombres y 8.990 las mujeres, y la pensión media de 15.947, viudedad 10.760. La RGI media está en 7.506 euros año. Según datos de la UE, en Hego Euskal Herria hay 528.273 personas que están por debajo del umbral de la pobreza, de ellas 3 de 5 son mujeres. Acceden a la RGI 63.000 familias, el 35 % de las que están en el umbral de la pobreza y un 25 % son pensionistas. De ese 35 %, el 93 % son nativos. En enero de 2018, había 72.800 personas dependientes necesitadas de ayudas, pero el 57 % de ellas no reciben servicio asistencial. Estas ayudas están muy condicionadas y dependen de las partidas presupuestarias anuales.


 ANEXO 7. Ya que con los datos presentes es demostrable que los desfases de la Seguridad Social son asumibles, se acude al futuro para anunciarnos la inviabilidad de las pensiones públicas. Pero sus proyecciones no justifican tal pesimismo. Veámoslo, partiendo de los datos que ellos mismos aportan. El gasto de pensiones pasará, en base a los datos, del 8,4 % del PIB en 2007 al 15,1 % en 2060, por lo que habrá menos recursos para otros programas sociales o servicios. Pues bien, en ese año de 2060, la productividad alcanzará 2,23 veces el valor del 2007, contando con un incremento modesto del 1,5 % anual del PIB, algo muy razonable. Si el PIB en el 2007, fue de 100, en el 2060 será de 223, conforme a estos datos; y los recursos para los no pensionistas serán, en el 2007, de 100 menos 8,4 (que es el porcentaje de gasto en pensiones en dicho año), lo que da 91,6. En el 2060, el PIB será 223 menos el gasto en pensiones (previsto en 15,1 % del PIB que es 33), lo que da 192. Una cantidad mayor que el doble de la del 2007, que fue de 91,6. En resumen, habrá más recursos para pensionistas y también para otros programas y actividades.

 
 ANEXO 8. No se puede afirmar que la proporción entre clases pasivas y personas ocupadas aumente drásticamente a lo largo de los años debido al crecimiento de las personas pensionistas. Los datos de la evolución real dicen que las personas ocupadas han aumentado respecto a las clases pasivas, y hay demasiadas variables que operan en los mercados como para asegurar que en el futuro sucederá lo contrario. El año 1996, había en Euskadi 754.000 personas de clase pasiva, entre ellas 432.500 niñas y jóvenes, y 321.000 jubiladas. En ese año el número de ocupadas era de 690.000, lo que da una proporción de 1,09. En la actualidad, año 2016, esa clase pasiva alcanza las 870.000 personas, debido a que los jubilados suman 150.000 más, pero hay menos jóvenes, unos 35.000. Además, las personas ocupadas aumentan hasta 905.000, un fenómeno derivado de la incorporación de la mujer al trabajo. Esto hace que el índice mejore al dar una proporción de 0,96. Es muy difícil predecir cómo evolucionará este índice en el futuro. Depende de los derechos que adquieran las mujeres, del empleo, de la natalidad, y de las políticas de bienestar, inmigración y la tasa ocupacional.


ANEXO 9. Para mostrar que las pensiones son dignas, se acude a la tasa de reemplazo del salario, que ronda el 82 %. Las pensiones estarían a este nivel respecto al salario previo a la jubilación. Esta tasa es muy engañosa, puesto que está en función del nivel real de los salarios. La brutal devaluación practicada con la crisis ha descompensado esta relación entre pensiones y salarios. No es que las pensiones sean altas, sino los salarios son excesivamente bajos. En España, el salario representa el 1,06 % del PIB per cápita. En Francia, el 1,12; en Bélgica, el 1,22; y en la CAPV, solo el 0,94 %.


 ANEXO 10. Las pensiones contributivas, que son el 88,1 %, se financian básicamente por las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores, mientras que las prestaciones no contributivas, el 8,9 %, por los presupuestos del Estado. No siempre fue así. Se separaron a raíz de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en 1997. El modelo universalista o no contributivo se basa en los principios de solidaridad y la pensión o el ingreso se perciben con independencia de que se trabaje o no. En esto se basa para financiar la sanidad, la enseñanza, la dependencia, las ayudas sociales. También los gastos militares o la monarquía. En cambio, las pensiones las pagan solo las personas trabajadoras con su sueldo, cuando lo justo sería que fuera a cargo del conjunto de la población por medio del presupuesto.


 ANEXO 11. La Unión Europea desea estas reformas, pero no porque el gasto de pensiones sea de los más generosos de Europa. No lo es, ni en pensiones ni en gastos sociales, como puede observarse en los informes oficiales de Eustat. En gasto de bienestar por habitante (sanidad, enseñanza, protección social…) Francia destina 10.818 euros por persona, Euskadi 8.374, y España 6.263, lo que significa un 33 %, un 24,3 %, y un 24,7 % del PIB, respectivamente. Donde menos se invierte en las necesidades de la gente es en la CAPV. La pensión media de Francia es de 22.000 euros; Alemania 16.000; Grecia 13.300; España 13.200 y en la CAPV 15.366, cuando la riqueza anual (el PIB vasco), es muy parecida al de Francia.


Jose Agustín Arrieta (presidente de la Asociación AGIJUPENS), Félix Elcoroiribe (AGiJUPENS), Antton Ibargutxi (presidente de la Asociación ASPALGI), Pilar Rojo (ASPALGI), Jesús Oceja (secretario de COESPE Gipuzkoa), Andrés Bergaz (COESPE Gipuzkoa), Victorio Abalia (presidente Asociación Donostialdea FEVAAS), Miguel Gortari (portavoz Asociación Donostialdea FEVAAS), Juan Mari Tomasena (presidente de la Asociación GEPE), Antton Karrera (GEPE), Miguel Calvillo (Asociación HELDUAK ADI), José Manuel Susperregi (HELDUAK ADI), Jose Luis Elosua (presidente de la Asociación NAGUSILAN), Maite Jauregui (NAGUSILAN), Juantxo Dominguez (portavoz de la Asociación RED DE PENSIONISTAS), Alberto Martínez (RED DE PENSIONISTAS), Valeri Viguera (Plataforma de Andoain), Jose Antonio Nafarrete (Plataforma de Arrasate), Marian Esnaola (Plataforma Alderdi Eder de San Sebastián), Arrate Berasaluce (Plataforma de Eibar), Marcos Tolosa (Plataforma de Hernani), Nieves Uranga (Plataforma de Hondarribia), Jokin Uranga (Plataforma de Irun), Marisa Martin (portavoz de la Coordinadora Larsarte-Oria), Floren Moro (Plataforma de Pasaia), Ana Gallén (portavoz de la Plataforma de Zarautz), Vitaliano Rodríguez (Plataforma de Zumarraga).
 San Sebastián, 30 agosto 2019




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